El miércoles 22 de julio, en un acto realizado en el Salón de los Acuerdos de la Casa Rosada, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó junto al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, el convenio que transfiere a la provincia la administración de la Ruta Nacional A012 por los próximos 20 años. Se trata de un hecho inédito en el país: es la primera vez que el Estado nacional cede a una provincia el manejo integral de una ruta nacional, incluyendo mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de obra nueva.
El trasfondo: casi tres años de freno a la obra pública nacional
Este traspaso no puede leerse por fuera de una decisión que el gobierno de Javier Milei tomó apenas asumió, en diciembre de 2023: discontinuar la obra pública nacional como parte del ajuste fiscal. Desde entonces —ya van casi tres años— miles de obras de rutas, acueductos y viviendas quedaron paradas en todo el país, y varias provincias empezaron a buscar sus propios caminos para sostener la infraestructura que antes dependía de fondos nacionales.
Santa Fe no fue la excepción: la provincia venía reclamando el traspaso de la A012 desde 2024, mientras la traza acumulaba un deterioro cada vez más crítico por falta de mantenimiento. Sin partidas nacionales a la vista, la alternativa que encontró la gestión de Pullaro fue hacerse cargo directamente, con presupuesto propio, antes que seguir esperando una obra que no llegaba.
La A012 y lo que cambia a partir de ahora
La A012 es el segundo anillo de circunvalación del Gran Rosario, de 67 kilómetros. Conecta las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34 —además de varias rutas provinciales— y permite que el tránsito pesado con destino al polo portuario evite atravesar zonas urbanas. Su traza une Pueblo Esther con la Ruta Nacional 11, pasando por Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo.
El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, remarcó que por los puertos santafesinos sale el 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites, por lo que recomponer la A012 apunta directamente a bajar costos logísticos para todo el complejo agroexportador.
A partir de la firma, la administración pasa a manos de Vialidad Provincial, con fondos propios y sin aporte de Nación: la inversión inicial ronda los $5.000 millones. Las obras arrancaron apenas 24 horas después de la firma, con el bacheo sobre la carpeta asfáltica que comenzó la mañana del jueves 23 de julio y que tendrá un plazo de siete meses para esta primera etapa. Si en el futuro la provincia decide cobrar peaje en este corredor, deberá firmarse un convenio adicional.
El otro frente: la ola de concesiones privadas
El mismo diagnóstico de fondo —la ausencia de obra pública nacional— explica otro proceso que avanza en paralelo y que impacta más directamente sobre la región: la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que la Nación busca entregar al sector privado la operación de más de 3.900 kilómetros de rutas mediante peaje, sin subsidios estatales.
Dentro de ese paquete está el «Tramo Centro», de 681,92 km, que incluye la autopista Rosario-Córdoba (Ruta Nacional 9), además de tramos de las rutas 19 y 34. Justamente también el 22 de julio se abrieron las ofertas económicas para este tramo: la cordobesa Afema SA presentó la tarifa más baja ($1.399 por km), seguida de cerca por Corven ($1.499 por km). Todavía resta la evaluación integral y la adjudicación definitiva.
Entre las obras previstas para este tramo figura la construcción de banquinas pavimentadas en la RN 9 entre Rosario y Carcarañá, junto con trabajos de reconstrucción de losas en toda la autopista. La cabina de peaje de Carcarañá, según confirmaron las fuentes oficiales, seguiría operativa bajo el nuevo esquema de concesión.
Dos lógicas distintas, un mismo origen
Se trata de dos mecanismos diferentes: la A012 queda bajo administración pública provincial financiada con recursos propios, mientras que el Tramo Centro (RN9, 19 y 34) avanza hacia una concesión privada con cobro de peaje. Pero ambos procesos nacen del mismo vacío: casi tres años sin inversión nacional en rutas obligaron tanto a la provincia como al propio Gobierno a buscar esquemas alternativos —fondos propios en un caso, capital privado en el otro— para sostener una red vial que, mientras tanto, siguió deteriorándose.
